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(15-julio-2026) El presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, Jonathan Morales Adorno, responsabilizó al Departamento de la Familia por no haber actuado a tiempo para proteger a los adultos mayores residentes del Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, al asegurar que la agencia conocía desde septiembre de 2025 sobre múltiples querellas contra la institución y, aun así, permitió que continuara operando hasta lo que ocurrió el pasado fin de semana.
Morales Adorno explicó que el hogar perteneció a la Federación desde su fundación hasta el pasado domingo, cuando perdió su licencia de operación, requisito indispensable para mantener la membresía. También indicó que la propietaria residía fuera de Puerto Rico y había delegado la administración de la institución a otra persona, lo que, a su juicio, provocó una falta de supervisión directa.
En cuanto al personal que labora en los hogares, sostuvo que el cuidador arrestado en el caso de Las Piedras cumplía con los documentos requeridos para ejercer sus funciones, por lo que planteó la necesidad de fortalecer la evaluación y el seguimiento a la salud mental de los empleados del sector, sin que ello represente una justificación para los hechos investigados.
El presidente de la Federación defendió el trabajo de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Valera, al señalar que ha asumido un rol activo de fiscalización, aunque insistió en que la responsabilidad principal de supervisar y licenciar los hogares recae sobre el Departamento de la Familia. En ese sentido, cuestionó la ausencia pública de la secretaria Susan Roig, y sostuvo que el licenciamiento depende directamente del Secretariado de la agencia y no de ADFAN.
Sobre el reciente cierre de otro hogar en Yabucoa por casos de sarna entre residentes, explicó que la presencia de escabiosis no necesariamente implica el cierre inmediato de una institución, ya que muchos adultos mayores ingresan provenientes de la calle o de hospitales con condiciones médicas preexistentes. Indicó que, en esos casos, corresponde activar protocolos de aislamiento y tratamiento para evitar contagios, mientras que el cierre procede cuando existen problemas persistentes de higiene o incumplimiento de los protocolos sanitarios.
El presidente de la Federación también defendió el trabajo de la mayoría de los hogares de cuidado prolongado en Puerto Rico y exhortó a los familiares a mantenerse involucrados en el cuidado de sus seres queridos mediante visitas frecuentes y vigilancia constante. Indicó que la Federación inspecciona las instituciones afiliadas, aunque aclaró que carece de autoridad legal para ordenar el traslado de residentes o cerrar hogares.
Morales Adorno denunció, además, que la falta de inspectores limita la fiscalización del Departamento de la Familia. Explicó que, aunque el reglamento dispone inspecciones cada tres meses, en la práctica muchas instituciones sólo son visitadas cuando les corresponde renovar la licencia cada dos años, debido a la escasez de personal.
