Foto: WALO Radio / Archivo
(24 de febrero de 2020) – La secretaria del Departamento de Justicia Dennise Longo Quiñones, solicitó a los miembros del Panel el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exrepresentante Narden Jaime Espinosa.
La notificación al Panel recomienda la designación de un FEI para investigar al exrepresentante Jaime Espinosa, a los siguientes funcionarios y contratistas:
- Norberto Olmeda Pérez, administrador de la oficina de Humacao del exrepresentante;
- Grandi Liz López Pagán, oficinista;
- Luis Miguel Berrios Fontánez, ayudante especial;
- Myrna de León Vélez, oficinista;
- Deborah González, oficinista;
- Elizabeth Reyes, empleada;
- Alejandro López López, empleado de oficina;
- Ismael Mercado Casillas, chófer;
- Loida González, oficinista; y la
- Lizette Piñero Peña, contratista.
Todos los querellados y querellantes serán notificados de la recomendación al Panel mediante carta, según Justicia.
El caso número 2019-31-102-00105 está relacionado a querellas presentadas contra el funcionario Jaime Espinosa en la Oficina de Ayuda al Ciudadano.
Longo Quiñones reiteró que las comunicaciones del Departamento de Justicia al Panel no adjudican la comisión de delito por las personas identificadas en la comunicación. La notificación meramente detalla la recomendación por parte del Departamento de que se lleve a cabo una investigación por un FEI o la recomendación de que no se investigue el asunto.
“Luego de recibir la comunicación y el informe del DJ, corresponde al Panel determinar a la luz de su propia evaluación y criterios si procede o no la designación de un FEI. Será el FEI quien, luego de la correspondiente designación, estará a cargo de la investigación y determinará si deben presentarse denuncias en contra de los investigados”, indicó la titular.
“Nos reiteramos en la política de no comentar sobre la información y evaluaciones del derecho en los informes preliminares que son parte integral de la investigación confidencial referida al Panel para que sean ellos quienes procedan a decidir si el asunto amerita una investigación en su fondo. Hacer lo contrario viola la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico al mancillar la reputación y la honra de personas a las cuales no se les ha imputado delito”, finalizó Longo Quiñones.
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