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(10-febrero-2021) – Con el fin de asegurar la adecuada implementación de la Ley Núm. 59, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), continúa los adiestramientos a los agentes del orden público municipal y el personal que labora en los cuarteles municipales.
La Ley 59, conocida como “Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los Municipios de Puerto Rico”, en el Artículo 3 ordena a la OPM a elaborar e impartir un programa de educación y adiestramiento, dirigido a suplirle herramientas a los policías municipales y al personal que labora en los cuarteles municipales sobre la prevención y manejo de la violencia doméstica.
“En nuestro rol de oficina fiscalizadora, velaremos por el estricto cumplimiento con lo estipulado en la ley. Del mismo modo y con el único propósito de asegurar que el personal municipal maneje de forma más efectiva todo caso de violencia de género, estamos facultados para imponer multas a aquellos municipios que incumplan con su responsabilidad”, explicó la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.
El programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica adscrito a la OPM, es un esfuerzo en conjunto con el Negociado de la Policía para lograr un mejor manejo de las instancias de violencia doméstica, agresión sexual, violencia en cita y acecho en Puerto Rico.
En tanto, Boria detalló que “el objetivo principal de estos adiestramientos es lograr que todo el personal a cargo de la intervención de posibles situaciones de violencia doméstica, estén debidamente capacitados y educados para identificar de forma sensible y eficiente los casos de violencia doméstica, que por la naturaleza de sus funciones deberá atender cada día”.
Los talleres le proporcionarán al personal municipal las herramientas necesarias para, entre otras cosas, entender la complejidad de la violencia doméstica; evitar que la víctima sea doblemente castigada por el sistema; fortalecer en ocasiones la debilitada autoestima de las víctimas; apoyar a la víctima de violencia doméstica para que pueda conservar la custodia de sus hijos; ser agentes de prevención, salvando las vidas de nuestras víctimas, y por ende, la estabilidad emocional de cientos de familias.
