(3-noviembre-2026) La Legislatura Municipal de Juncos, presidida por Yadara Lebrón López, inició el proceso para formalizar mediante escrituras públicas las restricciones de uso de los terrenos del antiguo Vertedero Municipal, conocido también como el Crematorio Municipal. 

Como parte del trámite, se celebró una Comisión Total con representantes de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA), el Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Terrenos y el sector privado, quienes ofrecieron detalles sobre las medidas de remediación y los controles ambientales establecidos en la propiedad.

La iniciativa contempla la aprobación de legislación municipal que autorice al alcalde Alfredo “Papo” Alejandro Carrión a otorgar escrituras públicas individuales para establecer las condiciones restrictivas y los controles institucionales ambientales aplicables a los terrenos. Estas disposiciones buscan evitar actividades que puedan comprometer las medidas de protección implantadas en el lugar, incluyendo excavaciones no autorizadas y desarrollos que representen riesgos ambientales.

Durante la sesión, los funcionarios repasaron el historial del antiguo vertedero, que comenzó a utilizarse alrededor de 1950 para depositar desperdicios industriales y domésticos, algunos de ellos con sustancias tóxicas y metales pesados, como mercurio. El predio, de aproximadamente 18.47 cuerdas, forma parte del Programa federal de Superfondo de la EPA, destinado a atender lugares contaminados que requieren procesos de limpieza y vigilancia ambiental a largo plazo.

Actualmente, las 24 propiedades segregadas pertenecen al Municipio de Juncos y permanecen cercadas para restringir el acceso. Entre las medidas de remediación implementadas figuran la instalación de una cubierta protectora para reducir la infiltración de agua, sistemas de ventilación de gases, controles de erosión y sedimentación, así como el monitoreo continuo del suelo, subsuelo y otros recursos ambientales.

Según la información presentada ante la Legislatura Municipal, los trabajos de remediación, monitoreo y control han representado una inversión superior a los $17 millones. Además, se estima un periodo de aproximadamente 30 años para alcanzar una posible reutilización controlada de los terrenos, siempre sujeto a las evaluaciones y autorizaciones de las agencias correspondientes.

Entre los participantes de la Comisión Total estuvieron la abogada ambiental María Luisa Martínez López; la secretaria de Asuntos Legales del Departamento de la Vivienda, Rishel Vázquez; el planificador Joel Olmedo; el supervisor de la Sección de Superfondo de la EPA, Adalberto Bosque; el ingeniero ambiental Ricardo López; y el abogado ambiental de la Autoridad de Terrenos, Rafael Toro.

El próximo paso será completar el proceso legislativo municipal para autorizar la firma de las escrituras por parte del alcalde. Con este trámite, el Municipio asumirá formalmente las obligaciones relacionadas con las restricciones ambientales, incluyendo las limitaciones sobre la venta, excavación y utilización de las propiedades mientras permanezcan vigentes.

La formalización de estas condiciones constituye parte de los esfuerzos dirigidos a garantizar la protección ambiental del antiguo vertedero y avanzar hacia una eventual exclusión del lugar de la lista federal de Superfondo, lo que podría permitir en el futuro usos autorizados de los terrenos en beneficio de la comunidad.