Tribunal de Boston invalida Ordenanzas que prohíben uso y depósito de cenizas de carbón


18 de mayo de 2017 (CyberNews)-
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, falló a favor de AES Puerto Rico, al declarar como ilegales las ordenanzas de los municipios Humacao y Peñuelas que prohíben el uso y la disposición de los residuos de combustión de carbón, incluido el Agremax, en los depósitos sanitarios de ambos pueblos.

En una comunicación escrita, Manuel Mata, presidentede Applied Energy System (AES Puerto Rico), dijo sentirse satisfecho con la sentencia.

“Según siempre hemos expresado, la verdad, la ley y el orden habrían de prevalecer y nos satisface que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sirviera de base para declarar ilegales las ordenanzas municipales por del Primer Circuito de Boston del Tribunal Federal en lo que respecta al uso y disposición en los vertederos autorizados por la JCA”, expresó Mata.

A su vez, éste señaló que el caso ahora retorna al Tribunal de Distrito federal en la Isla con instrucciones de que se emita una sentencia a favor de AES Puerto Rico.

La sentencia del Tribunal en Boston, emitida el pasado martes 16 de mayo, vindica el derecho de AES Puerto Rico, única empresa en la Isla que utiliza carbón mineral para generar energía eléctrica, para que se permita el uso y la disposición de los residuos que produce de forma segura en vertederos ubicados en los referidos municipios.

El Tribunal de Apelaciones unánimemente concluyó que las ordenanzas municipales son ilegales porque confligen con las resoluciones de la Junta de Calidad Ambiental.
(JCA) que autorizan el uso y la disposición de los residuos de combustión de carbón en vertederos debidamente autorizados por la JCA como los que ubican en los municipios de Peñuelas y Humacao.

La sentencia incluye el uso de los residuos de combustión de carbón en el vertedero Peñuelas Valley Landfill para solidificar desperdicios líquidos no peligrosos que recibe dicho vertedero para ser dispuestos.   En decisión reciente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había confirmado que las resoluciones de la JCA prevalecen sobre las ordenanzas municipales.

 

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