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(11 de junio de 2020 – CyberNews) – El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT), Felipe Hernández solicitó al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ajit Pai, que inicie una evaluación de la propuesta del gobierno para imponer un impuesto por el uso de internet.
“Los proveedores de internet, televisión y telefonía hemos aguantado el golpe del Huracán María, los sismos y ahora una pandemia, realizando grandes inversiones para mantener los servicios, que permiten que muchos negocios operen y las personas estudien y trabajen desde sus hogares. Entonces, en lugar de incentivar nos propinan este duro golpe. No hay forma de que podamos subsistir si este se materializa y las consecuencias serán quiebras, pérdidas de miles de empleos y aumentos en las tarifas de los consumidores. Estamos conscientes de que toda empresa en Puerto Rico pague lo justo y razonable basado en la tasación de la propiedad. Pero el CRIM (Centro de Recaudaciones Municipales) prefiere discriminar contra la industria de telecomunicaciones, buscando sacar beneficios de una de las pocas industrias en crecimiento en la isla”, expresó Hernández.
A juicio de los miembros de la Alianza esto no solo sería nefasto para la estabilidad de la industria, si no que representa una violación a la Internet Taxt Freedom Act (ITFA) y al objetivo de promover la disponibilidad universal de acceso a Internet de alta velocidad, asequible y confiable para todos los ciudadanos.
“El Proyecto del Senado 1333 contraviene dicha ley, estableciendo la imposición de un impuesto sobre propiedad inmueble por cada línea al Internet. Esto carece de lógica y fundamento, según el presidente de la APT, y podría representar un incremento en las cargas tributarias actuales de hasta 1,000 por ciento, lo que llevará a muchas de las pequeñas y medianas empresas de la industria a la quiebra, y aumentaría las tarifas a los consumidores”, dijo Hernández en declaraciones escritas.
En su misiva a Pai, Hernández solicita, además, que la FCC evalúe si la legislación propuesta por la Legislatura de Puerto Rico podría interferir con la reconstrucción de la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, y redirigir a destinatarios no deseados -entiéndase los municipios- los beneficios económicos que el Congreso de Estados Unidos y la FCC otorgaron para dicha reconstrucción, posterior a los huracanes Irma y María, los recientes terremotos y la pandemia de COVID-19.
La carta destaca la urgencia de que la FCC se pronuncie, ante la negativa del presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales que evalúa la medida, Reinaldo Vargas, de celebrar un proceso transparente de vistas públicas, ante el pueblo y la prensa, en las que las empresas de la industria, el ente regulador y otras organizaciones interesadas puedan exponer sus planteamientos e inquietudes sobre esta medida, que tendrá un efecto adverso para los consumidores de los servicios de internet y celular,
“Hasta el momento los únicos que fueron invitados a deponer a la única vista pública que ha celebrado la Comisión que preside Vargas, fueron la Asociación y la Federación de Alcaldes, quienes son los beneficiarios de esta medida, y quienes buscan cuadrar sus cajas a costa de las telecomunicaciones y de los ciudadanos. Ahora, para tapar su incompetencia o su mala fe, nos invitan a participar hoy de una vista a puerta cerrada, sin la prensa y sin acceso de la ciudadanía. ¿Qué temen o, mejor dicho, qué ocultan?”, sentenció Hernández.
El pasado lunes, decenas de PyMEs de la industria de las telecomunicaciones que colaboran estrechamente con la APT, se movilizaron hasta el Capitolio para realizar una manifestación vehicular para exigir ser escuchado. El grupo dejó claro que regresaría hoy y que no cesarán su lucha hasta tanto la idea de este mega impuesto sea eliminada del contenido del Proyecto del Senado 1333.
