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Foto: Archivo / WALO Radio
(3 de junio de 2021) – La senadora de Humacao, Wanda “Wandy” Soto Tolentino, ordenó la investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento de las funciones de la Procurador de las Personas de Edad Avanzada y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley 76-2013.
“En Puerto Rico existe un abandono hacia los servicios que se le brindan a las personas de edad avanzada. Esta realidad ha quedado evidenciada por el aumento dramático en los casos a estafas a esta población que se ha registrado en los últimos años, así como la cantidad de ancianos desaparecidos, casos reportados de explotación financiera, abandonos de personas de abandonados y sin cuidado en las instituciones hospitalarias de nuestro país”, explicó la legisladora.
Diferentes entidades gubernamentales estatales y federales ha creado campañas para la protección de nuestras personas de edad avanzada. “Todos debemos tomar conciencia y velar por las personas de edad avanzada y personas con impedimentos, ya sean familiares o extraños para de esta manera evitar que sean abusados financieramente”, añadió.
Argumentó que las personas de edad avanzada y personas con impedimentos son más propensas a ser blanco de explotación financiera si están abandonados o no están recibiendo suficiente cuidado, dadas sus necesidades o estado financiero; aislados de otros miembros de la familia o de apoyo, así como acompañados por un extraño que los anima a retirar grandes cantidades de dinero en efectivo.
Relató que “se dan casos de que estén acompañados por un miembro de la familia u otra persona que aparentemente ejerce influencia sobre ellos en efectuar una serie de transacciones, imposibilitados de hablar por sí mismos o de tomar decisiones, incapacidad de recordar transacciones financieras o de haber firmado documentos o temerosos de ser desalojados si el dinero no se le da a la persona que provee cuidado”.
Soto Tolentino sostuvo que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada se creó para impulsar política pública que le asistiera a la población de los envejecientes a la cual se le adjudicaron facultades amplias y quasijudicial para la aplicación de la política pública del Estado. “Luego de su creación, se hace necesario analizar su misión principal y las ejecutorías de la figura de la Procuraduría de la Persona de Edad Avanzada, la cual carece de vacío de información pública sobre el funcionamiento de estas, así como la efectividad de las facultades conferidas por la Ley 76 del 2013 para fiscalizar, investigar, reglamentar y adjudicar”, puntualizó la senadora.
“A tales efectos, la Asamblea Legislativa puede investigar la efectividad de la política pública de las agencias del gobierno de Puerto Rico, por lo que es necesario indagar a la oficina sobre la efectividad de esta entidad gubernamental que les hace franco servicio a los ancianos y de atender las fallas del sistema para responder a las personas de la tercera edad y así poder investigar cuáles facultades de esta instrumentalidad deberán ser transformados para poder optimizar los recursos para beneficio y garantizar el bienestar de dicha población”, finalizó.
