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Contralor de Puerto Rico
(12-febrero-2021) La contralora Yesmín Valdivieso rindió un informe de auditoría del Municipio de Caguas, donde reveló varios hallazgos que fueron referidos para la evaluación del secretario de Justicia y al presidente de la Junta Examinadora de técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.
El informe revela que el municipio formalizó 12 contratos y dos enmiendas por $371,155 para servicios de refrigeración, con una corporación regular cuyo presidente tenía vencida su licencia de técnico de refrigeración y aire acondicionado.
Esta situación contraria a la ley y reglamentación vigente podría haber afectado la calidad de los servicios recibidos en perjuicio de la ciudadanía, informa la contralora en el extenso documento.
Además, se halló que ocho técnicos sin la licencia requerida suscribieron 41 informes de servicio; seis técnicos contratados por la corporación con la licencia vencida suscribieron 42 informes de servicio; y, un técnico con licencia de aprendiz que prestó servicios sin la supervisión de un técnico colegiado suscribió ocho informes de servicio. Estas deficiencias de control interno se atribuyen a que la directora de la Secretaría Municipal, y los secretarios, no le requirieron a los técnicos evidencia de sus licencias y colegiaciones.
Sobre el referido al Secretario de Justicia es para que considere las situaciones que se indican para determinar las acciones administrativas o judiciales a seguir.
De igual modo, al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado sobre la falta de licencias actualizadas, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto por los fondos utilizados por los servicios prestados, donde se autorizaron y desembolsaron pagos por $13,963 sin previa formalización y enmienda de contrato escrito para servicios de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire y equipo de refrigeración.
El Informe de Auditoría le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
