Por las nubes los costos médicos para joven sin plan de salud que falleció por Covid-19

Por Jeniffer Wiscovitch y Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo

(16 de julio de 2020 | CPI) – Mientras Joshua James Sánchez Antillón se encontraba hospitalizado, gravemente enfermo por COVID-19 en el hospital, su padre, Luis Ángel “Wichy” Sánchez Soler, recibía una factura por 65 mil dólares, sin desglosar los servicios que le estaban brindando.

El documento, emitido por el hospital HIMA San Pablo de Caguas, establecía que, de firmar, tendría 15 días para saldar esa cantidad. Wichy Sánchez Soler, quien en ese momento pasaba por el duelo del fallecimiento de su padre, también por COVID-19, decidió no firmar porque no sabía qué le estaban cobrando ni cómo iba a poder pagar. En ese momento, el hospital no le ofreció orientación ni opciones
de pago.

Al final, con tan solo 29 años de edad, Sánchez Antillón murió de COVID-19 y los costos de su tratamiento excedieron los 100,000 dólares. Su caso, la odisea que pasó para tratar de lograr una evaluación adecuada, diagnóstico y tratamiento, y quizás el desenlace fatal por no recibir atención médica a tiempo, son resultado de los problemas que acumula hace más de dos décadas el fragmentado e ineficiente sistema de salud de Puerto Rico.

Sánchez Antillón no tenía plan médico porque no cualificaba para el plan de salud del Gobierno, pero tampoco le alcanzaba el dinero para pagar uno privado, explicó su padre.

Su hijo llegó a expresarle preocupación por no tener plan de salud. De hecho, el haber estado sin cubierta pudo haber provocado que no le hicieran la prueba de COVID-19 y otros estudios hasta la tercera vez que visitó un hospital, ya descompensado por la enfermedad, indicó Sánchez Soler.

El joven fue por primera vez al hospital Metro Pavía en Cupey el 17 de marzo, luego de haber sido examinado por el médico de Bella International, donde trabajaba como mecánico. No había viajado ni había estado en contacto con ningún caso de COVID-19. Antes de siquiera evaluarlo, le indicaron que tenía una deuda de una visita anterior. Allí, le diagnosticaron conjuntivitis y lo enviaron para la casa. No le hicieron la prueba de COVID-19, a pesar de que desde el 4 de marzo la Academia Americana de Oftalmología ya había alertado de la conjuntivitis como uno de los posibles síntomas del coronavirus.

El joven se tomó varias fotos de su rostro en las que sus ojos estaban completamente rojos e hinchados. Su padre aún las conserva como evidencia de que no parecía ser una simple conjuntivitis, sino algo mucho más grave.

Su salud siguió deteriorándose, por lo que se dirigió al hospital HIMA de Caguas cuatro días después. Allí no le hicieron una placa de pecho ni le hicieron la prueba de COVID-19, dijo su padre. Regresó a su casa y cuatro días después Sánchez Soler lo tuvo que llevar nuevamente al mismo hospital porque estaba muy enfermo. En esta ocasión, le hicieron la prueba de COVID-19 y la placa de pecho, descubriendo que tenía una doble pulmonía.

“Nadie puede determinar si iba a fallecer comoquiera, pero sí pudo haber tenido mayores probabilidades de vida si se atiende a tiempo”, sostuvo Sánchez Soler, quien piensa que su hijo tuvo un trato diferente en los hospitales que visitó por no tener plan médico.

El padre hizo todo lo que tenía a su alcance para ayudar a su hijo. Buscó sus ahorros y pidió ayuda a familiares para poder costear un medicamento que costaba 12,000 dólares la dosis para solo dos días.

También, hizo gestiones para que su hijo pudiera obtener el plan de salud del Gobierno mientras estaba hospitalizado. La primera vez que radicó la solicitud por Internet, le fue denegada porque sus ingresos eran de aproximadamente 1,380 dólares mensuales cuando para obtener el plan deben ser hasta 800 dólares mensuales. La segunda vez que lo intentó, nunca recibió una respuesta.

Sánchez Antillón estuvo hospitalizado 22 días, hasta que falleció el 15 de abril, dejando atrás a una niña de cinco años. Su padre consiguió comunicación con la Oficina de Medicaid a través del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas luego del fallecimiento. Le aprobaron el beneficio retroactivo y pudo pagar las facturas de los hospitales que ascendían a 95,287 de dólares por la hospitalización y una visita a sala de emergencias.

También, pudo solventar otros gastos gracias a la ayuda de Fundación Genentech y por medio de una cuenta de GoFundMe que abrieron mientras el joven se encontraba hospitalizado.

El rastreo de contactos a la familia de Sánchez Antillón por parte del Departamento de Salud (DS) comenzó el primero de abril, posterior a la hospitalización del joven el 25 de marzo. El proceso culminó el 16 de abril, un día después de su fallecimiento. En el proceso, su abuelo Pedro Sánchez Ramos enfermó y también falleció. Sánchez Soler aseguró que, a pesar de haber perdido a dos miembros directos de su familia por COVID-19, a él le hicieron la prueba sólo cuando la solicitó.

“¿Cómo, yo llevo a dos personas con COVID-19 al hospital, y no me hacen la prueba?”, cuestionó.

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