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“Persiste discriminación y violaciones a comunidad LGBTIQ”

Foto: Pixabay

(17 de mayo de 2019 – Cyber News) – A 29 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún persisten muchísimos casos de discriminación hacia las personas LGBTIQ en Puerto Rico y otras partes del mundo, expresó Liza Gallardo Martín, directora de Amnistía Internacional Puerto Rico.

Las declaraciones son en reacción a la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia en el que se celebra la decisión de la Organización Mundial de la Salud.

“A pesar de los reconocimientos legales y avances de los últimos años aún la comunidad LGBTIQ sigue siendo discriminada y hay un largo camino para conseguir igualdad de reconocimiento de sus derechos. A casi 30 años de la decisión de la Organización Mundial de la Salud, en Puerto Rico tenemos el Proyecto del Senado 1254 de Terapias Reparativas y el Proyecto del Senado 1253 de Libertad Religiosa que atentan directamente contra los derechos de la población LGBTIQ”, expresó Gallardo Martín.

El Proyecto del Senado 1254 de Terapias Reparativas parte de la premisa de que las personas LGBTI están enfermas cuando organizaciones y asociaciones de la de profesionales de la salud han reconocido lo contrario.

“Las personas tienen el derecho a expresar su identidad de género y orientación sexual sin miedo a represalias, humillaciones y malos tratos. Estas malas prácticas atentan contra la integridad de las personas y violentan sus derechos humanos. Las personas LGBTI no están enfermas por lo tanto no necesitan ser curadas o reparadas. Lo que necesitan es que el Estado los proteja de leyes y prácticas discriminatorias que ponen en riesgo su bienestar físico y mental”, añadió.

De igual forma, condenó el proyecto para establecer Guías para la Protección de Libertad Religiosa que parte de la idea de que cualquier creencia religiosa, cuya razonabilidad no podría ser cuestionada, es suficiente para que una persona empleada en el gobierno y sus agencias pida acomodo razonable para negarse a proveer un servicio.

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