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Foto: RRP Photography vía Flickr.com
(24 de julio de 2020) – El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, informó que la administración multará y penalizará a aquellas personas y dueños de comercios que incumplan con las disposiciones establecidas en la ordenanza 2 del año fiscal 2020-2021, aprobada ayer por la legislatura municipal.
Esta faculta al alcalde y policías municipales a imponer sanciones administrativas y penales por incumplimiento en el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento físico de seis pies y evitar las aglomeraciones, también otros protocolos en los negocios para evitar el contagio con el Covid-19.
“Mi administración municipal ha trabajado desde el día uno, proveyendo recursos, información y materiales de higiene a poblaciones vulnerables, ofreciendo apoyo y orientación a comercios y desinfectando áreas públicas, entre otras iniciativas. No obstante, sabemos que hay personas que a estas alturas no cumplen con las disposiciones básicas para evitar la propagación del virus. No podemos bajar la guardia y con esta ordenanza damos un paso adelante para intervenir con aquellos actúen de una manera irresponsable”, subrayó el alcalde.
Igualmente, en los negocios se deberá medir la temperatura corporal a toda persona que ingrese al establecimiento y negar la entrada cuando el resultado arroje una temperatura mayor a los 38 grados Celsius o 100.4 grados Fahrenheit. Se instruye a los comercios para que operen por turnos y/o citas previas, sistema de recogido o de entregas a domicilio. El comerciante no debe permitir filas para el recogido de productos y a tal fin deberá instruir a los clientes que esperen en sus autos hasta la entrega.Por último, deberá informar al Departamento de Salud de Puerto Rico y la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, inmediatamente cuando advengan en conocimiento de un empleado o cliente haya arrojado positivo al Covid-19 y hubiera estado en el establecimiento realizando cualquier actividad o labor.
Al amparo de esta ordenanza, la administración municipal podrá restringir aún más los horarios de apertura y cierre de establecimientos comerciales.
Las sanciones a los infractores del toque de queda van desde multas no mayores a $1,000 o pena de restricción domiciliaria, servicios comunitarios o reclusión de un máximo de 90 días, a discreción del Tribunal. La multa para los comercios será también del $1,000 por violar el toque de queda, pero se establecen seis meses de reclusión.
Mientras, toda persona que se niegue a cumplir con los protocolos y medidas de seguridad como el uso de mascarilla en todo momento, la medición de temperatura corporal y el uso de desinfectante de manos, y mantener la distancia física de seis pies, será sancionada con una multa administrativa de $100. Si la persona se niega a cumplir con la orden del oficial, después recibir orientación para que desista de la conducta, será sancionada con pena de multa no mayor de $1,000 o pena de restricción domiciliaria, servicios comunitarios o reclusión de hasta un máximo de 90 días o combinación de las anteriores, según el Tribunal.
En el caso de los comercios, la multa administrativa por incumplir con los protocolos de apertura, medidas de seguridad y de salubridad, será de $1,000 por la primera infracción o $5,000 por segunda infracción o cierre inmediato temporero del establecimiento por la tercera infracción. Si se niega a cumplir con la orden del oficial, después de haberlo orientado debidamente para que desista de la conducta, podría enfrentar una pena de multa no mayor de $1,000 o pena de restricción domiciliaria, servicios comunitarios o reclusión de hasta un máximo de seis meses o combinación de las anteriores.
De otra parte, esta ordenanza crea el Grupo de Trabajo de Fiscalización Interdepartamental task force municipal, para que en coordinación con otras dependencias municipales y estatales puedan inspeccionar e intervenir en todos los establecimientos, lugares públicos, oficinas de gobierno estatal y municipal u otros, con el fin de mitigar la propagación del Covid-19.
