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11 de diciembre de 2017 (CyberNews) – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, envió el lunes, a la Oficina Sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el informe preliminar del alcalde de Culebra, William Iván Solís Bermúdez, en el que concluye que hay causa suficiente para creer que se han cometido delitos y se recomienda la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).
“El Departamento de Justicia entiende que existe causa suficiente contra Solís Bermúdez para referirlo a la atención del OPFEI por actuar en contra de la ley, utilizando fondos públicos para fines no oficiales. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor realizó la investigación preliminar de manera vertical y transparente, como corresponde en ley. Ahora le corresponde al OPFEI, conforme a su ley habilitadora, analizar y establecer si procede la radicación de cargos en contra del funcionario”, manifestó la secretaria de Justicia en declaraciones escritas.
“El Departamento de Justicia continuará realizando las investigaciones que garanticen un gobierno de cero tolerancia a los actos de corrupción”, agregó Vázquez Garced.
Señaló que, a raíz de un informe de auditoría realizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico referido al Departamento de Justicia el 22 de mayo de 2017, se realizó una investigación que fue llevada a cabo por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera, y por la fiscal Elba Acevedo Pérez.
Según explicó la funcionaria, reveló la investigación preliminar, hay causa suficiente para referir por posibles violaciones donde el alcalde supuestamente infringió el Artículo 250 del Código Penal por enriquecimiento ilícito, Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, y violación al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2014, durante la celebración del Día Profesional Administrativo, cuando Solís Bermúdez solicitó y realizó un vuelo fletado a St. Thomas en el que viajaron 10 funcionarios (entre ellos el chofer del Alcalde, tres secretarias, directora de Programas Federales, directora de Casa de la Alegría, un auxiliar administrativo, la directora del centro de envejecientes, otro empleado y el Alcalde), y otras ocho personas, incluyendo parejas y conyugues de estos empleados y dos miembros de la Asamblea Legislativa municipal.
Detalló que el gasto de fondos públicos fue de 1,000 dólares por el vuelo, según dispone el Código Penal de Puerto Rico de 2012. Lo anterior ante un Municipio que ostenta un déficit en su presupuesto operacional.
“Examinada la evidencia recopilada durante la investigación, y a tenor con el derecho aplicable, el alcalde obtuvo provecho para él y para terceros de servicios de transportación aérea en un viaje sin ningún fin público y fue pagado con fondos públicos”, lee parte del informe emitido al OPFEI.
Vázquez Garced mencionó que el Municipio tiene un contrato con una tarifa especial para el Municipio con la aerolínea Air Charter, Inc. d/b/a Air Flamenco para realizar viajes oficiales y de emergencias a Ceiba, Vieques, Isla Grande, Humacao y San Juan, siempre y cuando tuviese un fin público. El contrato no incluía St. Thomas ni aquellos que tuvieran como jurisdicción viajes de placer o no oficiales.
