Gobernadora crea unidad especializada para atender maltrato a adultos mayores

(20-noviembre-2025) La gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, anunciaron ayer  la creación de una nueva Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores, enfocada en atender y brindar servicios a esta población a través de las 13 fiscalías.

“Nos comprometimos en transformar el gobierno en uno que entienda y atienda las necesidades de los adultos mayores, esto incluye la protección legal y asegurar sus derechos; y lo estamos cumpliendo”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón. 

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia señaló que “la creación de la unidad representa un importante instrumento para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta inmediata a situaciones que atentan contra los derechos de este sector de la población, en armonía con los principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana conforman el ordenamiento jurídico”.

En el anuncio estuvieron junto a la gobernadora y la secretaria de Justicia, el jefe de fiscales licenciado Juan Ramos, la directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos, fiscal Naydik Ramos Montesino, miembros de la Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores y su directora la fiscal Vanessa Birriel Figueroa  y el director estatal de AARP José Acarón. 

Creada bajo la Orden Administrativa 2025-11, la nueva unidad uniforma los procesos a nivel de las 13 fiscalías, se fomenta mayor eficiencia en las investigaciones a través de la pericia y atención individualizada de los fiscales, dirigida a lograr un mayor número de convicciones en los delitos contra adultos de 60 años o más.

La nueva unidad está en funciones desde el 20 de octubre de 2025, cuando se firmó la orden administrativa, y su directora es la fiscal Vanessa Birriel Figueroa. La misma, está adscrita a la Oficina del Jefe de los Fiscales y contará con 26 fiscales que tendrán a su cargo investigar, radicar y procesar los delitos contra la población de la tercera edad en Puerto Rico.