Firman acuerdo para la atención de casos de violencia sexual infantil

(11-diciembre-2024) La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez firmó ayer un acuerdo de colaboración con las entidades que operan los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención (Centros PITI) y varias agencias del Poder Ejecutivo para casos de abuso sexual de menores.

Con este acuerdo se fortalecen los protocolos y la disponibilidad del equipo multidisciplinario especializado para la atención integral de este tipo de casos. 

Suscribieron el tratado,  el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia, el Centro Salud Justicia, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Medicina San Juan Bautista.

“Celebramos un logro colectivo: la firma de un acuerdo de colaboración interagencial que representa un paso crucial hacia la justicia, la sanación y la esperanza para nuestras niñas y niños víctimas de una de las manifestaciones más devastadoras de la violencia de género: la violencia sexual”, expresó la Jueza Presidenta. “Los Centros PITI son espacios diseñados para proveer entornos seguros que eviten la revictimización, para facilitar el trabajo conjunto de equipos interdisciplinarios y brindar servicios integrales que busquen justicia, pero también sanación emocional y física para quien ha sufrido una transgresión”, añadió.

Los Centros PITI, antes conocidos como Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Centros CIMVAS), brindan espacios seguros a menores de edad víctimas de violencia sexual a través de un equipo multidisciplinario especializado que se activa ante la sospecha de que se ha configurado un delito contra indemnidad sexual del o de la menor de edad, a tono con las enmiendas incorporadas en el 2024 a la Ley 158-2013. Conforme a la ley, los Centros PITI tienen el propósito dual de proveer tratamiento y ayuda física y psicológica a las víctimas menores de edad –y a su núcleo familiar cercano en los casos que aplique– así como facilitar la comunicación interagencial para la recopilación de datos a utilizarse ante la posibilidad de que se inicie un proceso judicial.