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Foto: Archivo / WALO Radio
(15 de enero de 2020 – CyberNews) – La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Beatrice Keleher y el contratista Ariel Gutiérrez Rodríguez fueron arrestados y acusados hoy por un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude en los servicios públicos, informó el fiscal federal, Stephen Muldrow.
“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
“A los funcionarios del gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán obligados a rendir cuentas”, añadió.
Keleher se entregó a las autoridades en Filadelfia.
Según la acusación, Keleher aprovechó su posición como secretaria de Educación para obtener un apartamento en Ciudadela, Santurce. El mismo supuestamente fue de alguna forma financiado por el contratista Ariel Gutiérrez-Rodríguez, a cambio de un compromiso de Keleher para ceder 1,034 cuadrados de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.
Foto: Captura de pantalla
“Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años “, dijo el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff.
En total son nueve cargos que incluyen: conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico, aceptar un soborno (en el caso de Keleher) y pagar un soborno (en el caso de Gutiérrez-Rodríguez).
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.
El caso está a cargo de los fiscales José Capó-Iriarte y Alexander Alum.
