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El representante del PNP, Ángel Peña Ramírez, exigió a la mayoría parlamentaria dejar sin efecto los millonarios recortes que pretende hacer en el presupuesto de la Rama Judicial.
Según el líder del distrito 36, “el planificado recorte de $61 millones a la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) no es otra cosa que un golpe devastador a la justicia que todos necesitamos”
Peña Ramírez cuestionó la “lucidez” de quienes propusieron reducir el presupuesto de la judicatura para el próximo año fiscal sin sopesar “el impacto negativo”, que tendría en el acceso a la justicia de la ciudadanía.
“El impartir justicia no es un lujo, es una necesidad apremiante. Es parte del aparato de seguridad pública que el Estado se encuentra obligado a defender”, sentenció.
La OAT anunció recientemente que tiene varias salas municipales del Tribunal de Primera Instancia “bajo evaluación” de cerrar, incluyendo las de Aguada, Barceloneta, Barranquitas, San Lorenzo, Corozal, Dorado, Hatillo, Isabela, Lajas, Las Piedras, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Baja y Trujillo Alto. Otras salas como las de Cataño, Naranjito, Maunabo y Naguabo ya fueron clausuradas. La de Juncos cierra al concluir este mes. También se rumora que salas de distrito, como la de Rio Grande, podrían cesar operaciones este mismo año.
Ante este panorama, el legislador novoprogresista hizo un llamado a los miembros del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes para que “cuelguen” estos recortes pues los mismos afectarían de forma directa e inmediata, los servicios que se le brinda a la población y los recursos que le asisten a nuestra ciudadanía.
“El impacto de estos cierres, además de ser uno devastador, también servirá como aliciente para algunas personas sin escrúpulos pues sabrán que será más difícil que los procesen por delitos menores. Los costos de abogados aumentarán pues estos tendrán que viajar más lejos para atender los casos”, finalizó diciendo.
