Foto: Suministrada
(17 de mayo de 2018) – La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico investigará a la compañía AES que produce aproximadamente el 17 % de la electricidad en el país mientras que el director de AEE, Walter Higgins, enumeró las desventajas de la eliminación del carbón utilizado por la empresa.
La investigación senatorial será sobre los hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA Enviromental LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de transportar miles de toneladas de cenizas fiera de la isla.
Según la Resolución del Senado 727 de la autoría del senador Larry Seilhamer Rodríguez, y que fue aprobada por el Alto Cuerpo, establece que el informe al que se hace referencia arrojó hallazgos de contaminación en las aguas subterráneas en el área de almacenamiento de Agremax de la planta AES en Guayama. Según el estudio realizado, se están liberando altas cantidades de sustancias peligrosas al agua subterránea que se está desplazando en el lugar.
“El Senado está facultado para adoptar y promover medidas que protejan la salud, seguridad y el bienestar público. Ante la preocupación por el potencial peligro a la salud de los puertorriqueños es potestad de este Cuerpo realizar dicha investigación”, manifestó el senador Seilhamer Rodríguez en declaraciones escritas.
También se desprende la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, que “en las comunidades vecinas de Guayama hay familias que se sirven de pozos de agua, por lo que es altamente preocupante que los residentes de estas comunidades cercanas estén consumiendo agua de fuentes contaminadas próximas a la zona. Lo anterior conllevaría un grave riesgo para la salud, debido a que la exposición de sustancias tóxicas del subsuelo fuera del límite máximo permitido propicia el desarrollo de enfermedades serias como el cáncer, entre muchas otras”.
De otra parte, ha trascendido que recientemente se transportaron miles de toneladas de cenizas acumuladas en AES hasta el estado de la Florida y se desconoce a qué responde esta determinación de la empresa que genera alrededor de 300 mil toneladas por año de residuos de carbón.
“Hubo una controversia enorme por una enmienda incorporada entre AES y la AEE en donde los liberaba de la transportación de cenizas que no tuvieran uso comercial fuera de Puerto Rico. Hoy, esto no se ha resuelto y por meses la Comisión del senador Miguel Romero ha requerido la información y no se ha provisto. Y el señalamiento de la compañía en el pasado era que no era obligación trasladarlas fuera de la Isla y, entonces, porque ahora vemos que de momento se están trasladando miles de toneladas fuera de Puerto Rico. Queremos conocer las justificaciones del porque en el pasado dejaron de cumplir con esto y que provocaron una enmienda al contrato. Quisiéramos saber las razones por las cuales ahora esas cenizas están siendo trasladadas”, indicó el legislador.
Director de AEE y el proyecto senatorial
Por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Walter Higgins expresó ayer se opone a la eliminación del carbón para generar energía.
“El Proyecto, aunque legítimo en su propósito, presenta un riesgo para la Autoridad,” reza el escrito y enumera once razones por las cuales no avala la prohibición de la utilización del carbón como fuente para generar energía.
“De eliminarse el carbón y no existir, o no ser viable otras fuentes de generación, aumentaría la utilización de combustibles fósiles. Si las fuentes alternas ofrecen estabilidad y/o continuidad para satisfacer la demanda, tomando como referencia el hecho de que estas dependen de una fuente intermitente y/o que su disponibilidad no es controlable por el ser humano (ej: viento y sol). Además, se desconoce la vulnerabilidad de estos sistemas de energía ante los desastres naturales análogos al Huracán María y su tiempo de recuperación e integración”, enumeró el documento provisto por director de la AEE.
Ante esto, Seilhamer Rodríguez levantó su preocupación sobre esta postura “es preocupante y no le hace un gran favor al pueblo de Puerto Rico. Ninguna de las razones que aquí están plasmadas puede satisfacer a nadie”, dijo ante la necesidad del país de otras fuentes de generación.
Sin embargo, indicó que la política pública energética sobre este particular se va a diseñar con el insumo de un grupo de conocedores y enfatizó que “no habrá un contrato que se adjudique hasta tanto no se establezca la política pública antes”.
La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos conclusiones y recomendaciones dentro de 90 días después de la aprobación de esta Resolución.