Foto: Archivo / WALO Radio

(4 de febrero de 2020 – Servicios combinados) – Luego de un juicio federal por jurado durante cuatro días, el exalcalde del Municipio de Gurabo, Víctor “Manolito” Ortiz Díaz, fue encontrado culpable de un cargo de soborno, detalló el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

El acusado se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. La sentencia está prevista para el 2 de julio de 2020.

Sin embargo, la abogada del exalcalde Lydia Lizarríbar dijo a la prensa mientras salía del Tribuna Federal en el Viejo San Juan que apelará el caso.

Durante el día de ayer, el juez federal de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Jay García Gregorio presidió el juicio, mientras que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estaba a cargo de la investigación.

Según la acusación, en octubre de 2012, el municipio de Gurabo debía pagos de la empresa A durante ocho facturas pendientes por el trabajo realizado en el municipio. Una persona, copropietario de la empresa A, se reunió con el alcalde Ortiz Díaz para discutir la deuda pendiente. El alcalde solicitó $125,000 dólares a la Persona A para invertir en un proyecto de antena de telecomunicaciones. Debido a que la empresa A no tenía el dinero para pagar los $125,000 dólares el alcalde dijo a la Persona A que tendría el municipio que realizar algún pago a la empresa. Con este dinero, la Empresa A podría ser capaz de cubrir el “préstamo” a Ortiz Díaz, así como pagar otras deudas que le debe a sus proveedores.

El 19 de octubre de 2012, la Persona A emitió tres cheques de pago diferido para pagar a la Empresa A sobre los tres individuos diferentes, que eran empleados de Miguel Merced. Merced era el individuo que orquestó el esquema de inversión de telecomunicaciones en la que Ortiz Díaz invirtió los tres cheques por un total de 125,000 dólares. En la misma fecha, el municipio de Gurabo emitió dos cheques por un total de $196,643.26 dólares a nombre de la Empresa A que realizó el trabajo de contratación.

Sin saberlo él, Ortiz Díaz utilizó el dinero que extorsionó a la Persona A en lo que resultó ser un esquema Ponzi de ejecución de Merced, que recientemente concluyó una condena de seis años de prisión. El jurado absolvió Ortiz Díaz del cargo de extorsión pendiente en su contra.

Este caso fue investigado por el FBI y HUD-OIG, y fue procesado por el fiscal federal adjunto Scott Anderson.