Contralora señala municipio naguabeño por evasión contributiva en contratos para el recogido de escombros

 

(6 de abril de 2020 – WALO Radio) – La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que el municipio de Naguabo propició evasión contributiva luego del tres contratos para el recogido de escombros por el huracán María.

El informe indicó que la administración realizó pagos de $1.5 millones a tres contratistas, pero no realizó las retenciones correspondientes, según dispone la ley. Esta situación causó que el municipio no remitiera al Departamento de Hacienda $103,485 de estas retenciones y propiciara la evasión contributiva.

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La auditoría de tres hallazgos señala que la Comisión de Auditoría Interna y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal de Naguabo, no ha ejercido su función fiscalizadora de forma adecuada. En el periodo de un año, se reunieron en tres ocasiones para evaluar dos cartas circulares, un Informe Financiero y un Informe de Auditoría; sin embargo, no evaluaron diez informes sobre la evaluación de programas federales. Esta situación desvirtúa el propósito de la función de la Comisión.

Los auditores de la Contraloría hallaron que el municipio no mantiene completos lo expedientes de demandas. El director de Finanzas y las administradoras ejecutivas certificaron la existencia de ocho demandas, sin embargo, solo tenían el expediente de una. Tampoco, contaban con la información de las aseguradoras, para saber si los casos fueron transados y el importe acordado.

Además, señaló que el 71 % de los empleados del municipio son transitorios que se han mantenido bajo esa clasificación hasta por 16 años. Los nombramientos transitorios no pueden exceder de un año, con excepción de personas nombradas a proyectos especiales de duración fija sufragados con fondos federales o estatales cuyo nombramiento corresponda a las normas que disponga la ley bajo la cual sean nombrados.

Al 31 de enero de 2019, estaban pendientes de resolución, seis demandas civiles contra el municipio que ascienden a $1.1 millones. Además, otras dos demandas por hostigamiento y por destitución, fueron presentadas en la Comisión Apelativa del Servicio Público, sin cuantía.

El municipio tampoco ha atendido la recomendación de recobro de $65,214 indicados en los informes de auditoría, M-12-05 de 2011 y M-16-40 de 2016.

El informe que cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018.

 

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