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La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) solicitó se revelen públicamente y de inmediato los hallazgos de una investigación senatorial sobre irregularidades cometidas en la compra de terrenos privados en esta reserva natural, ubicada en Luquillo y Fajardo.
El reclamo fue hecho tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior de San Juan, adjudicando un valor de $32.5 millones a los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena en Piñones, y que el Gobierno de Puerto Rico iba a expropiar al empresario y proponente Joel Katz. Los terrenos habían sido tasados en el año 2008, por un valor de $4.9 millones. Esta cifra aumentó dramáticamente tras el proponente de Costa Serena demandar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reclamando que se tasaran los terrenos en Piñones bajo la premisa que el proyecto iba a ser construido, aun cuando nunca obtuvo un solo permiso, tal y como el Gobierno de Puerto Rico había hecho en las compras realizadas en el CEN.
“Solicitamos al Senado de Puerto Rico a que asigne prioridad e informe públicamente los resultados de esta investigación, particularmente por las serias implicaciones que ha y continúa teniendo sobre la compra de terrenos para conservación en el Corredor y el resto de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de asegurar el uso juicioso de los fondos públicos, responsabilidad cuya vigencia es mayor debido a la crisis fiscal y a los múltiples sacrificios económicos impuestos sobre toda la ciudadanía,” reclamó Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental, y asesor de la Coalición.
La Resolución del Senado Núm. 177, ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por el Senador Cirilo Tirado, a realizar un estudio abarcador sobre todo lo relacionado a la adquisición por parte del Gobierno de Puerto Rico de los terrenos en el CEN, desde el año 2007 al presente.
