(12 de junio de 2019) – La Cámara de Representantes aprobó ayer el Proyecto de la Cámara 2069 sobre la libertad religiosa en Puerto Rico.
La representante María Milagros Charbonier argumentó que la libertad religiosa está consagrada en el texto de la Constitución federal y estatal, al igual que en diversos estatutos federales y estatales.
“Obligar a una persona a renegar de sus convicciones religiosas o pretender disfrazarlas, atenta contra su dignidad como ser humano. Nadie debe ser obligado a elegir entre servir y su fe. De lo que se trata es del acomodo razonable a la persona. La libertad religiosa es un derecho fundamental e inalienable del ser humano”, expresó en declaraciones escritas.
De su parte, 50 organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas y personas comprometidas con una agenda nacional de equidad rechazaron nuevamente la agenda de desigualdad y discrimen que impulsa la Cámara de Representantes a través de los proyectos de Libertad Religiosa y Terapias Reparativas.
Asimismo, representantes como Denis Márques, Luis Vega Ramos, y Manuel Natal Albelo sostuvieron que la medida llevaría a las personas discriminar a otros y hasta crímenes de odio.
Charbonier Laureano refutó los planteamientos y apuntó que el objetivo del proyecto es establecer las guías para la protección de la libertad religiosa y clarificar algunos principios de este concepto fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales aplicables a Puerto Rico.
Por su parte, el activista de derechos LBGTTIQ, Pedro Julio Serrano, denunció la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto que “legalizaría el discrimen hacia las personas LGBTTIQ utilizando la religión como excusa”.
“El Proyecto de la Cámara 2069, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, es un atentado contra la máxima de nuestra Constitución que establece que cada ser humano tiene que ser tratado igual. La libertad de culto ya está protegida por nuestra Carta Magna y no necesita esta legislación adicional. Este proyecto intenta legalizar el discrimen, la violencia y el odio en contra de la gente LGBTTIQ. Le corresponde al Senado detener esta afrenta a nuestra humanidad compartida”, puntualizó Serrano en comunicación escrita.