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(10-febrero-2025) Un reciente informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) ha sacado a la luz datos inquietantes sobre el aumento en las muertes de confinados bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La investigación, que abarca el período de 2011 a 2024, documentó un total de 726 decesos en las cárceles del país, lo que genera serias preocupaciones sobre las condiciones en el sistema correccional.
El director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, explicó que la investigación surgió a raíz del aumento en los fallecimientos reportados, así como de múltiples querellas presentadas por familiares de confinados y diversas denuncias en los medios de comunicación. Para la recopilación de datos, el informe comparó estadísticas del DCR con las del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), revelando inconsistencias que generan aún más interrogantes.
Los hallazgos muestran un preocupante patrón de incremento en los fallecimientos dentro de las cárceles. En los años 2021, 2022 y 2023, el promedio anual de muertes alcanzó los 80 casos. Entre las principales causas de muerte, la sobredosis de drogas encabeza la lista, con sustancias como el fentanilo, la xilazina y la cocaína como las más presentes. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de los controles de seguridad y el cumplimiento del deber del DCR de ofrecer un ambiente de rehabilitación.
La segunda causa de muerte identificada en el informe fue la sepsis, una condición que puede derivarse de la deficiencia en los servicios médicos dentro de las instituciones penales. Además, se documentaron fallecimientos por homicidio, enfermedades infecciosas y síndrome de abstinencia, entre otras causas.
Un dato particularmente preocupante es el incremento de muertes entre la población sumariada, es decir, personas que fallecieron sin haber sido condenadas oficialmente. Esto evidencia serias fallas en el sistema de justicia criminal, ya que se trata de ciudadanos cuya culpabilidad aún no había sido probada más allá de toda duda razonable.
El informe también incluyó un análisis comparativo con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Aunque Puerto Rico ocupa la posición número 35 en términos de población correccional, se encuentra en la posición 25 en cantidad de muertes en prisión. Esta disparidad sugiere que, en proporción a su población carcelaria, la isla enfrenta una crisis más severa que la de muchos estados de la nación.
Otro hallazgo significativo fue el análisis del uso de Narcan, un medicamento utilizado para revertir sobredosis. Se detectó que una cárcel de máxima seguridad es la que reporta la mayor cantidad de administraciones de este fármaco, lo que pone en evidencia el grave problema de trasiego de drogas dentro del sistema penitenciario, incluso en instituciones con los controles de seguridad más estrictos.
El informe también expone deficiencias críticas en la atención médica disponible para la población carcelaria. “La falta de acceso a servicios médicos de calidad en el momento oportuno pudo haber contribuido a muchas de estas muertes”, advirtió Padilla Ruiz. Asimismo, señaló la falta de supervisión adecuada para personas con condiciones de salud mental, lo que agrava aún más la situación.
A pesar de que el DCR cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 13 millones de dólares para servicios médicos, las condiciones de atención siguen siendo deficientes. “Es inconcebible que con ese presupuesto continúen documentándose muertes evitables por falta de atención adecuada”, agregó el director de la CDC.
Ante este panorama, la Comisión de Derechos Civiles ha emitido varias recomendaciones. Entre ellas, la creación de comités interagenciales entre el DCR, el ICF, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para establecer protocolos uniformes de recopilación de datos y garantizar la transparencia en la información. También se insta a replantear el enfoque sobre el uso de drogas en prisión, proponiendo que la adicción sea tratada como un asunto de salud pública en lugar de un problema meramente penal.
El informe concluye con un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias en Puerto Rico. “Aunque la Constitución y las leyes establecen la rehabilitación como principio fundamental del sistema penitenciario, la realidad dentro de las cárceles está lejos de cumplir con ese mandato”, advirtió Padilla Ruiz.
Si bien la población correccional ha disminuido significativamente en los últimos años, pasando de 11,860 confinados en 2012 a 7,374 en 2024, la tasa de mortalidad en prisión sigue en aumento. Este dato evidencia que la reducción en la cantidad de reclusos no ha ido acompañada de una mejora en la calidad de vida dentro de las instituciones penales.
