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Por Cristina del Mar Quiles Cristina del Mar Quiles del Centro Periodismo Investigativo (CPI)
(15 de junio de 2020 – CPI) – Mientras decenas de ciudadanos eran arrestados por violación al toque de queda impuesto por el gobierno como medida para prevenir la propagación del Covid-19, y la mayor parte del sector comercial permanecía paralizado, un grupo selecto de constructores de viviendas, urbanizaciones de lujo, restaurantes y otros desarrollos privados continuaron trabajando durante el mes de abril bajo el radar con el aval del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
En una consulta privada que el desarrollador Rafael Rojo, presidente de VRM Companies, realizó a través de correo electrónico, la agencia gubernamental interpretó que estas actividades contaban como “servicio esencial” e “infraestructura crítica” en medio de la pandemia y que estaban exentas del cierre establecido por la Orden Ejecutiva 2020-33, según enmendada, que emitió la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 12 de abril de 2020.
Para entonces, sólo operaban el sector de la salud, supermercados, instituciones financieras, ferreterías y gasolineras, y podían trabajar empleados de estos comercios y personal de primera respuesta, entre otras limitadas excepciones.
La exención de la construcción de urbanizaciones y viviendas nuevas no está explícita en la orden, que sólo reconoce como infraestructura crítica la “relacionada a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, telecomunicaciones, sistema vial, desperdicios sólidos y biomédicos, puertos marítimos y aeropuertos”. No hace mención de construcción de viviendas ni trabajos en urbanizaciones.
El DDEC emitió el 16 de abril, la Carta Circular Núm. 2020-07 como guía agregada a todo el sector industrial, comercial y empresarial, sobre la aplicabilidad de la Orden Ejecutiva a sus operaciones, pero tampoco es clara sobre la autorización a este tipo de actividad.
Sin embargo, bajo la interpretación que el DDEC concedió privadamente, continuaron los desarrollos de compañías como VRM LLC, presidida por Rojo, y PRISA Group, que preside Federico Stubbe. Además, el líder sindical Edison Severino y varios trabajadores indicaron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que la compañía CIC Construction Group, que preside Gustavo Hermida, reanudó trabajos de construcción en farmacéuticas y de nuevos restaurantes de comida rápida para la misma fecha. Rojo, Stubbe y Hermida son importantes donantes del Partido Nuevo Progresista. Stubbe también ha sido donante del Partido Popular Democrático.
VRM LLC construye la urbanización Riviera en Bayamón, con viviendas cuyos precios fluctúan entre $270,000 y $700,000, además de las más económicas Terrazas del Monte, en Las Piedras, y Palacios del Mar, en Humacao, con casas en oferta desde $121,000 y 110,900, respectivamente.
PRISA Group, por su parte, tiene el desarrollo de proyectos en Dorado Beach, incluyendo las residencias de Sabanera Dorado, donde las propiedades están a la venta desde $459,000.
“Nosotros empezamos la construcción de algunas de las partidas de nuestros proyectos el 22 de abril”, confirmó Rojo al CPI.
Explicó que las actividades que reinició no constituían la construcción de vivienda, sino de “obras de urbanización”, que son “tuberías sanitarias, sistema vial, eléctrico, agua potable; todo lo que le llamamos site que no es la casa”.
Rojo reconoció que, para esa fecha, la orden ejecutiva solo permitía la continuación de trabajos de construcción de “infraestructura crítica”. Señaló que el concepto fue definido más específicamente por la Carta Circular del DDEC, pero aún no lo suficientemente claro.
“Yo entendí que la carta estaba un poco ambigua y, como persona de la industria, preparé una carta al DDEC con lo que es nuestra interpretación específica de lo que yo leí en esa carta circular. Se la cursé a un correo electrónico que tiene el DDEC para todo lo relacionado al Covid y aclaraciones, esbocé lo que es nuestra interpretación y les pregunté si era correcta. De vuelta, recibí un correo de que, en efecto, nuestra interpretación era correcta y podíamos operar”.
Rojo dijo que esa interpretación la compartió con colegas de la industria, incluido Federico Stubbe, de PRISA Group.
La compañía PRISA Group contestó por escrito al CPI que también inició sus operaciones bajo la justificación de que eran consideradas parte de las actividades de construcción de “infraestructura pública”.
El CPI intentó contactar a Hermida o a algún ejecutivo de CIC Construction Group, pero al cierre de esta historia, no había obtenido respuesta.
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