Casa alcaldía de la ciudad jueyera | Foto: Archivo / WALO Radio
(16 de abril de 2020 – WALO Radio) – El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, reaccionó a la determinación de la jueza federal, Laura Taylor Swain, de revocar la Ley 29, Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios.
El alcalde dijo a WALO Radio que el pago por el retiro significaría $500 mil dólares y una porción de la tarjeta de salud gubernamental en $300 mil dólares aproximadamente.
“Realmente es un panorama bien difícil poder continuar trabajando u operando los municipios sin tener que tomar medidas drásticas. Se quedaría insolvente el municipio y no podría dar los servicios esenciales a la ciudadanía”, detalló.
“Si no se hace una determinación a tiempo ahora, va a ser igualito que la pandemia, o sea el movimiento económico se cae”, indicó Márquez Pérez.
Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró que los alcaldes están en mejor posición para enfrentar el golpe económico.
“Los alcaldes pueden estar en una mejor posición económica que el año pasado. Porque para los terremotos nosotros repartimos 50 millones de dólares para los municipios. Ahora, acabamos de repartir 100 millones de dólares para darle ‘cash flow’ a los municipios. Así que en este momento, yo sé que ellos están en una mejor condición económica y que ellos sepan que aquellas alternativas que ellos han estado trabajando con la Junta de Control Fiscal con AAFAF y el representante ante la Junta, las vamos a considerar. No los vamos a dejar solos en este momento”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
“Que ellos sepan que esas conversaciones van a continuar para que ellos puedan, de alguna manera, estar estables”, añadió.
La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko respaldó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Según Jaresko, la jueza Swain concedió a la JCF su petición de un procedimiento sumario, declaró que la Ley 29 es inaplicable y prohibió contundentemente al gobierno de Puerto Rico implementar o hacer cumplir esta ley. Además, el tribunal concluyó que, a menos que lo certifique la Junta, las Resoluciones Conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior, se hicieron en violación a la Ley PROMESA.
Entrevista al alcalde de Maunabo durante el programa Para el récord:
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