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(19 de junio de 2019) – El más reciente informe de la Oficina de la contralora, Yezmín Valdivieso, reveló que luego de la consolidación de 84 escuelas en la región educativa de Humacao, el Departamento de Educación mantuvo esos planteles por más de un año con el servicio de agua y/o energía eléctrica activo.
De acuerdo con la investigación, Educación pagó $167,747 dólares hasta el 8 de noviembre de 2018.
Además, la auditoría señala un hallazgo que una de las escuelas mantenía dos cuentas bancarias abiertas por $11,990 dólares, contrario a las Directrices para el Cierre de las Cuentas Bancarias de las Escuelas Intermedias Incluidas en el Rediseño y Consolidación emitida el 2 de junio de 2017.
Valdivieso advirtió que “nuestros auditores observaron la falta de protección a la propiedad pública y a los documentos que contienen información sensitiva. Por ejemplo, tres escuelas cerradas habían sido vandalizadas e invadidas; una de ellas, cercada con alambres, tenía ganado y un caballo en el patio”. Las escuelas son: Andrés Soto Quiñónez en Yabucoa, Antonio Ríos y Lydia M. López en Naguabo.
Otras escuelas cerradas tenían equipo como computadoras portátiles, impresoras, televisores, pizarras electrónicas, equipos de laboratorio, y otros abandonados y sin cuantificar. Las escuelas investigadas en este aspecto fueron: la José D. Zayas en Las Piedras, Andrés Soto en Yabucoa, Lydia M. López en Naguabo, Segunda Unidad Antonio Ríos en Naguabo y el aula Pitahaya en Luquillo.
Además, la escuela Antonio Ríos en Naguabo mantenía los expedientes de estudiantes y del personal con datos sensitivos como números de teléfono y de seguro social, nombres, direcciones y, diagnósticos y tratamientos de estudiantes de educación especial.
La investigación puntualizó que el DE no había actualizado en el Sistema de Información Financiera (SIFDE), el inventario de seis escuelas cerradas a pesar de haber transcurrido más de diez meses desde sus clausuras.
“Estas escuelas tenían registrado en el SIFDE, 4,938 unidades de propiedad por $725,621. Esta situación ocasiona que el inventario de la propiedad esté sobrevalorado”, añadió.
Contrario a la reglamentación vigente, la escuela Fernando Roig en Las Piedras, designada como centro para conservar los expedientes, también conocido como centro de récord, no tenía un sistema de clasificación y archivo de documentos. Los expedientes estaban en cajas colocadas en el piso, algunos con acumulación de hongos y polvo en suelos inundados.
Por último, el informe sostuvo que los directores escolares “no cumplieron con su responsabilidad y las Cartas Circulares del año fiscal 2018 no contaban con disposiciones claras sobre los procesos de cierre y consolidación de escuelas”.
Lea el informe completo, aquí.
Valdivieso recomendó a la directora regional, Sol Ortiz Bruno, (1) a que se tramite inmediatamente la cancelación de los servicios de agua y electricidad; (2) asegurar las puertas y ventanas; (3) desalojar de las escuelas las personas o los animales que están dentro de las instalaciones. También, (4) evaluar el estado de los expedientes y documentos abandonados en las escuelas cerradas y realicen el trámite de transferencia al centro o la disposición de documentos, entre otros asuntos.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018.
Escuela Andrés Soto Quiñónez en Yabucoa | Foto: Captura de pantalla 
Escuela Antonio Ríos en Naguabo | Foto: Captura de pantalla 
Escuela Antonio Ríos en Naguabo | Foto: Captura de pantalla
