Médico con residencia en Palmas del Mar acusado de fraude federal

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(24 de julio de 2018) – Un gran jurado federal múltiples acusaciones por cargos de fraude e intento de distribución de drogas contra el doctor Miguel Rivera Sanabria con

En total unos 18 cargos de fraude a la atención médica, tres cargos de robo de identidad agravado, tres cargos de falsificación declaración en la atención médica, y ocho cargos por intento de distribución de sustancias controladas.

“Facturar a los programas de salud federales por servicios médicamente innecesarios es inaceptable y un desperdicio de los fondos de los contribuyentes”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

“El arresto de hoy muestra el firme compromiso del Departamento de Justicia de proteger los fondos públicos y salvaguardar el bienestar de los beneficiarios del programa federal de atención médica”, añadió.

Según la acusación formal, de aproximadamente agosto de 2013, y hasta aproximadamente agosto de 2017, supuestamente el doctor Miguel Rivera Sanabria se enriqueció presentando reclamos falsos y fraudulentos a Medicare a través de presentaciones de reclamos a planes de Medicare Advantage por servicios médicos que nunca realizó.

También, está acusado de supuesto robo de identidad agravado y declaraciones falsas durante, al menos, tres casos en los que supuestamente facturó servicios a pacientes que habían fallecido.

Mencionó, además, que este transfirió, poseyó y usó a sabiendas los nombres, fecha de nacimiento y número de seguro social, adjunto al número único de identificación de proveedor de servicios de salud de tres pacientes fenecidos en el momento de los reclamos de la evaluación psiquiátrica.

Rivera Sanabria enfrenta una acusación de decomiso por fraude a la atención médica de $225,250 dólares, que constituye la cantidad de dinero que Medicare pagó al acusado, y una propiedad ubicada en Las Villas en Palmas 2 en el municipio de Humacao.

El acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por los cargos de fraude a la atención médica, y un plazo mínimo obligatorio de dos años de prisión por los cargos de robo de identidad agravados.

Al momento este fue arrestado. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (“HHS-OIG”) está a cargo de la investigación con la colaboración del FBI y la Drug Enforcement Administration (DEA).

Estas acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad.