12 de diciembre de 2017 (CyberNews) – El alcalde de Culebra, William Iván Solís Bermúdez, catalogó el lunes, el referido al Fiscal Especial Independiente (FEI), por parte del Departamento de Justicia como una “distracción”.
“Tengan la certeza nuestros conciudadanos culebrenses que para este servidor no existe distracción alguna. Todas mis fuerzas y energías están concentradas en la recuperación de Culebra. Tenemos asuntos básicos y apremiantes que atender”, dijo el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.
“Nuestros esfuerzos están dirigidos al restablecimiento del sistema eléctrico, agua potable, servicios de transportación y salud. Continuamos impactando diariamente las comunidades para asegurarnos que todos nuestros residentes tengan comida y agua potable”, añadió.
El alcalde confirmó el recibimiento durante mañana, a la mano, la misiva de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, donde se recomienda la designación de un FEI.
“Ahora es menester del panel de ex jueces de la Oficina del Panel de Fiscales Especiales Independientes. Confiamos en que el proceso se llevará a cabo con la mayor minuciosidad, pulcritud y claridad. Continuaremos desempeñándonos con la misma verticalidad, dedicación, compromiso y con el mismo ánimo que nos ha caracterizado por los pasados cuatro años, siempre vigilantes por su bienestar y el del que nos visita. Como hasta el momento, defenderé con dignidad y fervor nuestros derechos”, dijo Solís Bermúdez.
Según la secretaria de Justicia, a raíz de un informe de auditoría realizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico referido al Departamento de Justicia el 22 de mayo de 2017, se realizó una investigación que fue llevada a cabo por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera, y por la fiscal Elba Acevedo Pérez.
Según explicó la funcionaria, reveló la investigación preliminar, hay causa suficiente para referir por posibles violaciones donde el alcalde supuestamente infringió el Artículo 250 del Código Penal por enriquecimiento ilícito, Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, y violación al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2014, durante la celebración del Día Profesional Administrativo, cuando Solís Bermúdez solicitó y realizó un vuelo fletado a St. Thomas en el que viajaron 10 funcionarios (entre ellos el chofer del Alcalde, tres secretarias, directora de Programas Federales, directora de Casa de la Alegría, un auxiliar administrativo, la directora del centro de envejecientes, otro empleado y el Alcalde), y otras ocho personas, incluyendo parejas y conyugues de estos empleados y dos miembros de la Asamblea Legislativa municipal.
Detalló que el gasto de fondos públicos fue de 1,000 dólares por el vuelo, según dispone el Código Penal de Puerto Rico de 2012. Lo anterior ante un Municipio que ostenta un déficit en su presupuesto operacional.