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(18-agosto-2026) La Policía diligencia esta mañana órdenes de arresto contra 33 personas como parte de una investigación por un presunto esquema de fraude relacionado con el pago de multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a través de la plataforma CESCO Digital.
Según información preliminar divulgada por el Departamento de Justicia, como parte del operativo se estarían presentando más de 100 cargos contra los imputados.
El superintendente de la Policía, Joseph González dijo que la pesquisa apunta a que los imputados serían ciudadanos y que, hasta el momento, no se han identificado empleados gubernamentales entre las personas acusadas. Los cargos estarían relacionados con presuntas irregularidades en el servicio de pago de multas disponible mediante CESCO Digital.
La Operación Eslabón, liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, reveló que entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía.
Durante el proceso de investigación, se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y AutoExpreso. Los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas. El Departamento de Hacienda, atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de crédito, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en virtud de los artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente. La investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.
El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $1, 231,000.
El esquema fue descubierto luego de que una institución bancaria presentara una querella tras detectar múltiples transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, que ascendieron a $308,573.13.
El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.
“Estos arrestos demuestran la importancia de la colaboración entre el DTOP, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para identificar, investigar y combatir cualquier intento de utilizar nuestros servicios para cometer fraude. En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan. Continuaremos fortaleciendo estos esfuerzos para proteger la integridad de nuestros procesos y la confianza de los ciudadanos en los servicios que ofrecemos”, manifestó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.
Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria.
