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(2-abril-2024) La contralor Yesmín Valdivieso emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Naguabo que reveló que se contrató dos corporaciones para prestar servicios de inspección de proyectos, pero al no estar constituidas como corporaciones profesionales, no podían ejercer la práctica de la ingeniería.
En el informe se informó que el municipio pagó $66,430 por la inspección de la rehabilitación de la cancha de baloncesto y parque de pelota de Daguao, y del parque de pelota de la Urbanización Diplo II.
Además, dos agentes de las corporaciones y uno de los ejecutivos senior, no estaban colegiados en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ni estaban licenciados como ingenieros, en la Junta Examinadora del Departamento de Estado. El Municipio tampoco solicitó ni obtuvo copia de las licencias profesionales de los contratados.
Esta situación se refirió el 9 de diciembre de 2022, al secretario de Justicia y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. A la fecha de este Informe, estas situaciones estaban pendientes de ser investigadas.
La auditoría, de tres hallazgos, señala que el Municipio adquirió equipo pesado, camiones y vehículos mediante subastas fuera de Puerto Rico, que han tenido poca o ninguna utilidad. Se invirtieron $575,558 en 23 equipos de los cuales 16 no estaban funcionando. Además, del 2018 al 2021, se habían desembolsado $56,113 para reparar nueve de los 18 camiones. De hecho, uno de los camiones, Ford F750 del 2005 tenía desperfectos mecánicos desde que se compró.
Los auditores detectaron que la funcionaria nombrada al puesto de oficial de Prensa y Comunicaciones ofreció información falsa sobre su preparación académica. Esta indicó en sus documentos que tenía un grado asociado en Producción de Radio, un bachillerato y estudios conducentes a un bachillerato en Telecomunicaciones. Su transcripción de crédito oficial sólo refleja que obtuvo el grado asociado.
La funcionaria, además le mintió a la Comisión de Nombramientos de la Legislatura Municipal ya que indicó que cumplía con los requisitos y experiencia del puesto, que de hecho ocupó por casi 15 meses del 2021 al 2022.
Esta situación se refirió al secretario de Justicia el 15 de diciembre de 2023 y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental para que tomen las acciones que estimen pertinentes. Las actuaciones de la funcionaria pudieran configurar los delitos de falsedad ideológica y usurpación de cargo público tipificados en el Código Penal de Puerto Rico de 2012.
El Informe comenta que, al 31 de diciembre de 2021, siete demandas civiles por $1,184,288, estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, el Municipio no había recobrado $65,214 por diversos conceptos en atención a las recomendaciones de los informes de auditoría M-12-05 de 2011 y M-16-40 de 2016 de la Oficina del Contralor.
El presupuesto del Fondo General del Municipio, en los años fiscales del 2019 al 2022, fue de $8,160,666, $8,308,475, $8,616,315 y $8,261,325, respectivamente. Los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados para el 2019 y 2020, reflejaron superávits acumulados de $4,521,109 y $5,079,523.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurarse que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Este informe del Municipio de Naguabo cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
