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(7 de octubre de 2021) – La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez que preside la senadora Rosamar Trujillo junto a la representante Lisie Burgos celebraron una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 537. La medida busca establecer la Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar.
“Los compañeros de la Cámara se unieron en lo que es el bienestar y preservación de nuestras familias, entendiendo que esto es un proyecto de administración. Un proyecto para el bienestar de nuestras familias y la responsabilidad de ambas comisiones es atenderlo con la premura y responsabilidad que amerita”, expresó la senadora Rosamar Trujillo.
El PS537 pretende derogar la Ley 246-2011, supra, y establecer un nuevo estatuto para atemperar el actual estado normativo a las disposiciones del ?????? ????? ?????????? ???????? ???. Asimismo, dispone un enfoque dirigido a la intervención temprana y preservación de la familia por parte del Departamento de la Familia.
Durante su ponencia, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen A. González Magaz expresó total apoyo al PS537. “Este proyecto busca atemperar las prácticas administrativas y judiciales de nuestro Gobierno en todo proceso de protección a menores con adelantos recientes en las ciencias del desarrollo humano. Las investigaciones indican que un entorno familiar estable y seguro es importante para la salud y el bienestar de los menores”, enfatizó la secretaria González Magaz.
González Magaz resaltó que “a través de este proyecto se busca transformar nuestro sistema de bienestar y protección de menores hacia uno informado en trauma… el presente proyecto también aumenta la gama de candidatos que pueden ser considerados como ‘recurso familiar’ para propósito de la ubicación de un menor en cuidado sustituto”.
A preguntas de la senadora Rosamar Trujillo Plumey de si el Departamento está capacitado, listo y hábil para implementar la política pública del Family First; la secretaria de la Familia dijo que “el Departamento de la Familia y otras agencias del Gobierno de Puerto Rico han estado preparándose desde enero de 2019 para implementar los cambios traídos por Family First y así lograr cumplimiento con lo allí dispuesto”.
Sin embargo, destacó que se necesita reclutar “personal para proveer recursos adicionales”.
Por otra parte, la senadora Keren Riquelme cuestionó cuánto dinero se estaría perdiendo de no aprobarse esta legislación, a lo que representantes de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) sumaron $300 a $400 millones anuales perjudicando así los servicios que ofrece la agencia.
Mientras, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en ponencia escrita expresó que “el nuevo enfoque de la legislación cuya adopción se pretende no debe perder de perspectiva que el fin primordial siempre debe ser la protección del menor dentro del entorno familiar mientras se trabajan servicios, si con ello se garantiza la salud, seguridad y bienestar del menor. Para atemperar nuestro estado de Derecho al contexto de la legislación federal, es necesario evaluar lo relativo a la cantidad, disponibilidad y efectividad de los servicios preventivos provistos a las familias. Asimismo, deben dirigirse los esfuerzos a aumentar los servicios de prevención y de apoyo a las instituciones familiares, así como establecer acuerdos interagenciales de servicios integrados que estén disponibles tanto a los menores de edad como a sus progenitores o personas que ostenten su custodia”.
