25 de agosto de 2014
En respuesta al creciente número de cierre de negocios durante el último año en la Isla, el representante novoprogresista Ángel Peña Ramírez, abogó ayer, domingo, por la aprobación de una medida que ordena a todo patrono notificar al Gobierno sobre cualquier medida que pudiera afectar a sus empleados.
El proyecto de la Cámara 970 obligaría a los dueños de negocio a informar por escrito, con 90 días de anticipación, al Departamento del Trabajo de cualquier cambio “que pudiera provocar el cierre, traslado, consolidación de operaciones o que conlleve una reducción de la jornada de trabajo o cambio sustancial en las condiciones del mismo”.
A través de un comunicado de prensa, el representante por el distrito 33 indicó que “en los últimos meses hemos visto como varias compañías han cesado operaciones en Puerto Rico con la terrible consecuencia de dejar a un gran número de personas sin trabajo”.
Sin embargo, con la aprobación de la medida, el gobierno podría “tomar medidas alternas para aliviar la situación de desempleo que aumenta en estas situaciones”, según reza el escrito.
La medida, fue radicada en abril de 2013, pero aún no ha sido referida a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, la cual es presidida por el representante de la mayoría, Jesús Santa.