(6-octubre-2026) LUMA presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un Alegato en Oposición en el que defiende la validez de la extensión de su contrato suplementario y rechaza los argumentos presentados por el Gobierno para solicitar su anulación.
En el documento de 65 páginas, la empresa sostiene que dejar sin efecto el acuerdo podría representar un impacto económico de más de $1,300 millones para el Estado. Además, advierte sobre posibles consecuencias para el desembolso de fondos federales destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico y para más de 4,000 trabajadores vinculados a esas labores.
LUMA también argumenta que la extensión fue aprobada hace más de tres años mediante un proceso legal y administrativo y asegura que su cancelación, sin que exista un plan de transición y un operador preparado para asumir las funciones de transmisión y distribución, podría generar incertidumbre en la operación del sistema eléctrico. En su escrito, la compañía solicita al Supremo que evalúe la controversia a base del marco legal aplicable y no de consideraciones políticas.
El principal oficial legal de LUMA, Ángel Rotger Sabat, calificó como improcedente la petición para declarar nula la extensión y cuestionó que, según afirmó, el Gobierno no haya presentado un plan concreto para una eventual transición. También sostuvo que una cancelación podría afectar proyectos actualmente en desarrollo, los fondos federales asignados a la red y eventualmente los costos que enfrentan los clientes del sistema eléctrico.
La empresa rechazó, además, que la extensión contractual se haya realizado para beneficiarla. En el alegato señaló que continúa operando durante un periodo interino mientras la Autoridad de Energía Eléctrica permanece bajo un proceso de reestructuración en el Tribunal federal al amparo del Título III de PROMESA.
Rotger Sabat insistió en que cualquier determinación sobre el contrato debe tomar en consideración las posibles consecuencias sobre la operación del sistema eléctrico y la economía de Puerto Rico. El caso queda ahora ante la consideración del Tribunal Supremo, que deberá atender los argumentos de las partes sobre la validez de la extensión contractual.
