(6-octubre-2026) La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Nixaliz Cruz García, quien se desempeñaba como supervisora del Programa de Adultos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) en la oficina local de Ceiba, por alegadamente utilizar las facultades de su cargo para obtener acceso no autorizado a la tarjeta ATH de un participante del programa.
La querella, presentada el 8 de julio de 2026, sostiene que la funcionaria habría incurrido en una violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.
Según el documento, el caso está relacionado con un adulto mayor identificado como Ángel M. Rosa Burgos, quien falleció el 10 de agosto de 2024. Tras su muerte, una técnica de Servicios Sociales de ADFAN realizó gestiones para sufragar los gastos fúnebres utilizando la tarjeta ATH del participante.
Dos transacciones relacionadas con el funeral totalizaron $4,487.46, quedando un balance de $347.98 en la cuenta. La querella alega que posteriormente Cruz García tomó del expediente la tarjeta ATH y obtuvo su número secreto.
De acuerdo con la OEG, posteriormente se detectaron dos transacciones adicionales: un retiro de $201.99 en un cajero automático de un centro comercial de Humacao y una compra de $125.46 en Walmart Supercenter de Humacao.
El documento señala que, durante una reunión celebrada el 5 de septiembre de 2024 con la entonces directora regional del Departamento de la Familia en Humacao, Johanna Pérez Maldonado, Cruz García reconoció haber tomado la tarjeta del expediente, aunque responsabilizó a una prima identificada como Raquel Cruz por su utilización.
La Oficina de Ética Gubernamental sostiene que la conducta imputada constituyó un uso indebido de las facultades de su puesto, al presuntamente permitir que otra persona obtuviera un beneficio no autorizado por ley.
Como remedio, la OEG solicita la imposición de una multa por cada infracción que logre demostrarse, además de otras medidas administrativas aplicables. La querella concede a Cruz García un término de 20 días para contestar las alegaciones y garantiza su derecho a presentar evidencia, confrontar testigos y recibir una adjudicación imparcial.
Las imputaciones contenidas en la querella son alegaciones administrativas que deberán ser adjudicadas mediante el procedimiento correspondiente.




