(23-septiembre-2026) Representantes de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y del Centro Unido de Detallistas (CUD) plantearon ante el Senado la necesidad de revisar el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, conocido como la “crudita”, al señalar su impacto sobre los costos operacionales de las empresas y, eventualmente, sobre los consumidores. Las expresiones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, que evalúa el impacto del gravamen como parte de la Resolución del Senado 461.
En representación de la Asociación de Industriales, la licenciada Karen Mojica y el licenciado Carlos Serrano respaldaron que se examine el arbitrio. Serrano explicó que la “crudita” incluye varios componentes que, en los productos sujetos a todos ellos, suman $15.50 por barril. Según expuso, aunque estos arbitrios tuvieron diferentes propósitos a través de los años, incluidos compromisos relacionados con la Autoridad de Carreteras y Transportación, actualmente sus recaudos ingresan al Fondo General.
La Asociación de Industriales sostuvo que cualquier alternativa debe ser fiscalmente sostenible y compatible con el Plan Fiscal vigente y la Ley PROMESA, pero también debe representar un alivio para los sectores productivos. “Ciertamente, la solución que se identifique tiene que ser fiscalmente sostenible […] y debe representar un alivio sustancial al cliente industrial, comercial y de otros sectores que sostienen los recaudos y la producción de Puerto Rico”, expresó Serrano. La organización propuso que la “crudita” sea evaluada dentro de una reforma contributiva integral y respaldó continuar estudiando su eventual eliminación y las alternativas para sustituir sus recaudos.
Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Alan Taveras Sepúlveda, favoreció una “reducción sustancial e inmediata” del arbitrio, acompañada de un calendario que permita su eliminación progresiva y de un mecanismo fiscal para atender los recaudos que dejarían de recibirse. Taveras argumentó que, aunque Puerto Rico no controla factores externos como el precio internacional del petróleo, sí puede revisar las cargas contributivas que inciden sobre el costo de operar un negocio en la isla.
El presidente del CUD sostuvo que el impacto para las pequeñas y medianas empresas va más allá del combustible que utilizan directamente, ya que también incide en los costos de transportar y distribuir mercancía. A esto, dijo, se suma el gasto que enfrentan muchos comercios para mantener generadores eléctricos durante las interrupciones del servicio, incluyendo la compra de equipos y el consumo de diésel. “Desde Puerto Rico no se puede controlar el precio internacional del petróleo, pero sí se decide cuánto cuesta hacer negocios en la isla”, sostuvo Taveras.
No obstante, el CUD reconoció que una reducción o eliminación del arbitrio no necesariamente se traduciría de manera automática en una reducción equivalente en el precio del combustible, debido a otros factores que intervienen en su costo. Taveras planteó que cualquier transición debe incluir mecanismos de revisión, transparencia y fuentes alternas para sustituir los ingresos que actualmente genera el gravamen.
