Federales interceptan embarcación con 12 migrantes indocumentados de Uzbeko y Ruso cerca de Vieques

(Archivo)

(21-enero-2026) El pasado 13 de enero, unidades de Interdicción Marítima de las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvieron una embarcación sospechosa a menos de una milla náutica al sur de Vieques alrededor de las 8:30 p.m.

La alerta inicial provino de la Guardia Costera de Estados Unidos, que informó a los equipos de CBP sobre la presencia de una nave que se dirigía hacia el sureste con rumbo a Puerto Rico. Según los reportes, la embarcación navegaba al este, al sur de la isla principal, antes de cambiar su trayectoria hacia Vieques.

En el operativo participaron dos embarcaciones interceptoras de CBP, que lograron detener a ocho adultos y cuatro menores, todos sin la documentación requerida para ingresar legalmente al país.

Las autoridades señalaron que la interdicción fue posible gracias a la coordinación constante entre la Guardia Costera y las unidades marítimas de CBP, reafirmando el compromiso con la seguridad fronteriza y la prevención del tráfico de personas.

Tras la detención, los migrantes y la embarcación fueron trasladados a la Unidad Marítima de Fajardo, donde se procedió a su identificación y se iniciaron los trámites legales correspondientes. La investigación del caso continúa abierta.

Funcionarios involucrados destacaron que el resultado refleja la cooperación diaria entre la Guardia Costera, CBP y otras agencias federales y locales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La coordinación, los recursos compartidos y la respuesta conjunta son fundamentales para proteger las fronteras marítimas del Caribe frente a actividades de tráfico ilegal de personas.

Detener la emigración ilegal hacia Puerto Rico es crucial para garantizar la seguridad de las fronteras, proteger a quienes arriesgan sus vidas en viajes peligrosos y asegurar que los procesos migratorios se realicen de manera ordenada y legal. Además, permite a las autoridades identificar y prevenir posibles actividades de contrabando, tráfico de personas y otros delitos asociados, contribuyendo al bienestar general de la isla y de quienes la habitan.

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