Contralora e Inspectora General sellan acuerdo para fortalecer la integridad y la fiscalización gubernamental

(15-diciembre-2025) Con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes, que formaliza y fortalece su colaboración estratégica en beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera.

Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.

Por su parte, la Inspectora General Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.

Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades.