
(12-diciembre-2025) Una joven de 19 años, embarazada de alto riesgo, tuvo que ser atendida ayer en la tarde por paramédicos y trasladada en ambulancia desde el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, luego de que se sintiera mal de salud, según lo expresó públicamente ante la juez Ana Meléndez Renaud de la Sala 207.
Según fuentes de WAlO, la fémina alegó que se sintió presionada por fiscales que atendían un caso criminal, a pesar de haber manifestado en reiteradas ocasiones que no tiene interés en participar en la acusación.
Previo al inicio de la vista, la embarazada expresó preocupación por su situación y su estado de salud. Durante ese intercambio, ésta consultó si se encontraba bajo arresto y recibió como respuesta la frase “aún no”, expresión que ella interpretó como una presión indebida de parte del Ministerio Público. Momentos más tarde, ya en el estrado, reiteró que se había sentido presionada por la fiscalía para testificar en contra de su voluntad.
La joven fue sometida a preguntas por parte del fiscal Carlos Gómez, aún cuando su condición de salud y embarazo de alto riesgo habían sido previamente señalados.
La mujer en gestación declaró que no desea testificar en el caso, que en múltiples ocasiones ha expresado a Fiscalía su falta de interés y que la insistencia del Ministerio Público ha agravado su estado físico y emocional, incluyendo episodios previos en los que ha terminado en el hospital.
Mientras contestaba las preguntas del fiscal Gómez, la joven — visiblemente afectada — comenzó a llorar, manifestó molestias significativas y presentó contracciones, lo que provocó la suspensión inmediata de la vista. Personal paramédico acudió a la sala y determinó que debía ser trasladada en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica.
Algunos abogados que presenciaron el incidente, plantearon a WALO Radio que este tipo de pr práctica de obligar o presionar a víctimas o testigos sin interés, particularmente cuando existen condiciones de salud delicadas o cuando, como se alegó hoy en sala, podrían existir dudas sobre su capacidad legal al momento de los hechos. Insistieron que el Estado no puede anteponer estadísticas de convicción sobre la dignidad, el bienestar y la autonomía de las personas.
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