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(24 de enero de 2019) – A pesar de las advertencias para cumplir la prohibición de las peleas de gallos por parte de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, diversos grupos políticos y personas activas en la industria gallística se unieron en contra de la Ley federal.
El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sostuvo que instruyó a sus policías municipales que no intervengan con personas que participen de peleas de gallos.
Asimismo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto mencionó que le pedirá a la Legislatura Municipal que aprueben una Ordenanza que prohíba a los policías municipales intervenir.
Además, los alcaldes federados sometieron una resolución al presidente Donald Trump y otros funcionarios “para apoya y respaldar el deporte de gallos”.
Los jefes señalaron “el efecto negativo en los ayuntamientos al disminuir los ingresos que se reciben de las galleras tras la eliminación”. Además, puntualizaron que “apoyarán y respaldarán a organizaciones y el gobierno para la derogación de la enmienda bajo el Farm Bill”.
Por otra parte, portavoces de la industria de peleas de gallos en Puerto Rico emplazaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a que con su presencia los apoye.
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“El principal objetivo del movimiento Yo también aporto es unir a la comunidad gallera de Puerto Rico en una sola voz, para juntos llevar hacia adelante la lucha de defender nuestra industria la cual hace una gran aportación económica, cultural y social a nuestro país. También, es un movimiento multisectorial y pretende unificar todos los entes sociales para demostrar el impacto positivo y la gran aportación que hace la industria gallística en aspectos medulares del país como: la economía, la cultura, el turismo y la preservación genética del gallo fino de pelea de Puerto Rico el cual es único en el mundo”, dijo Juan Ramón Figueroa, vicepresidente del colectivo en conferencia de prensa.
El 29 de enero, la próxima manifestación será frente a El Escambrón a eso de las 10:00 de la mañana para marchar hacia el Capitolio y posteriormente a Fortaleza.
Los galleros quieren además llevar un mensaje de como ese sector aporta en la economía del país. El empresario José González Freire estimó que a largo plazo el impacto que tendrá la prohibición federal en varios renglones de la industria será de $600 millones de dólares.
Los presentes admitieron además que ya comenzó la incertidumbre en algunos galleros que no saben si mantener el proceso de casta. Además, dueños de coliseos gallísticos o galleras están en la incertidumbre en cuanto a la renovación de sus permisos para en enero 2020.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico aprobaran resoluciones en apoyo a la industria gallera en Puerto Rico. Del mismo modo, la comisionada residente, Jenniffer González Colón ha dicho que presentara legislación para revertir la prohibición, aunque admitió que “es un proceso cuesta arriba”.
