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Impugnan carpeteo político al solicitar ayudas federales en Vieques

Suminitrada

(1 de marzo de 2018) – Bajo juramento, Héctor Olivieri, exempleado municipal, destapó el fichaje contra viequenses encarcelados por desobediencia civil o involucrados en la lucha por la salida de la Marina estadounidense de sus tierras.

Este carpeteo ideológico y político se desató durante la emergencia del huracán María cuando los residentes de la Isla Nena requerían de ayudas federales para cubrir sus necesidades básicas.

Según relató el testimonio en una reunión celebrada en Vieques, el pasado 20 de febrero, una portavoz del destituido alcalde Víctor Emeric manifestó que “la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA) visitaron la alcaldía e informaron a Emeric que ninguna de las dos agencias brindarían ayuda a todo aquel viequense que haya sido encarcelado por haber hecho desobediencia civil o de otra forma luchado para remover la Marina de Guerra de los Estados Unidos de territorios que ocupaban en Vieques”, describe el documento judicial.

Además, “se estableció que estas personas deberían acudir a la alcaldía para que se les tomara la información personal, foto y huellas dactilares. Los hechos ocurrieron en presencia del exalcalde Emeric y comentó que tenía los “cartoncitos para tomas las huellas”.

La declaración señaló que “Mike Barandian, representante oficial de la Agencia Federal de Pesca y Vida Silvestre no había sido notificado de esa directriz y este entendía que la misma constituía en una persecución selectiva”.

El documento fue publicado por el representante, Denis Márquez, y la senadora, María de Lourdes Santiago a través de sus cuentas de Facebook.

[En vivo] FEMA y Alcalde Emeric proponen negar ayuda a viequenses que confrontaron a la Marina.

Posted by María de Lourdes Santiago on Wednesday, February 28, 2018

 

Héctor Olivieri fue suspendido ayer de su puesto directivo en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

​A lo que Márquez indicó que “aunque su puesto era uno de confianza, el despido constituye una acción ilegal por usarse como represalia por la denuncia de actuaciones indebidas por parte de funcionarios del municipio y de las agencias federales”.

Sobre el discrimen político selectivo a personas que soliciten ayudas federales, el representante comentó a WALO que “el municipio se prestó y estaba creando el esquema. Ahí hay una total ilegalidad y una violación a la ley de Puerto Rico por parte del municipio”.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago afirmó que “esta es una muestra de cómo el discrimen político sigue vivo a todos los niveles, y del alto precio que los Estados Unidos aun quieren hacer pagar a los viequenses por su resistencia al bombardeo con el que por 60 años torturaron a la isla”.

 

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