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7 policías acusados por los federales

Ramón Cotto Centeno, Jorge Muñoz Martínez y Luis Rivera Ruiz Foto: Suministrada

(19 de julio de 2018) – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó que siete agentes de la Policía de la Unidad de Drogas de Caguas fueron acusados ​​en el foro federal acusados de participar en actos delictivos.

“El propósito de la Unidad de Drogas de Caguas es combatir el tráfico de drogas, las armas de fuego y el tráfico de municiones, entre otros crímenes relacionados, y estos oficiales se comportaban como los criminales que se suponía que debían detener. No solo traicionaron a los ciudadanos que habían jurado proteger, sino que también traicionaron a los miles de agentes del orden público honestos y trabajadores que arriesgan sus vidas todos los días para mantenernos a salvo. Continuaremos trabajando con nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley para perseguir la corrupción donde sea que se encuentre “, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Detalló que, el 21 de mayo de 2018, cuatro policías asignados a la Unidad de Drogas de Caguas (CDU): Eidderf Jhave Ramos-Ortiz, a.k.a. “Bebé”; Juan Carlos Ortiz-Vázquez, a.k.a. “Juan C .;” Christian Rodríguez-Cruz; y Eric Velázquez-Martínez fueron acusados ​​por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico por tráfico de drogas y violaciones de armas de fuego. Hoy, esos cuatro acusados, junto con Ramón Cotto-Centeno; Luis Rivera-Ruiz, a.k.a. “Chopa / Agua Dulce”; y Jorge Muñoz-Martínez fueron acusados ​​ bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas (Ley RICO).

Desde julio de 2014 o en fecha cercana, los demandados junto con otros conocidos o desconocidos por el Gran Jurado, personas empleadas y asociadas a la CDU, una empresa dedicada a actividades comerciales afectadas interestatal y extranjera, realizadas deliberadamente y de forma ilícita y participó, directa e indirectamente, en la conducción de los asuntos de la empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado. El patrón de actividad de crimen organizado consistió en los siguientes actos: extorsión, intento de extorsión, conspiración de extorsión y conspiración de drogas, y posesión con la intención de distribuir narcóticos.

Los acusados ​​fueron oficiales de policía jurados con la CDU. Los demandados violaron los propósitos legítimos de la CDU con el fin de enriquecerse a través de una conducta ilegal, incluida la extorsión, el robo y la distribución de narcóticos.

Eidderf Jhave Ramos-Ortiz enfrenta ahora un cargo por violaciones a la Ley RICO, cinco cargos por extorsión bajo el color del derecho oficial, tres cargos por conspiración para poseer con la intención de distribuir marihuana, cinco cargos por llevar y usar un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas y tres cargos por posesión con la intención de distribuir marihuana.

El acusado Juan Carlos Ortiz-Vázquez enfrenta un cargo por violaciones a la Ley RICO, cuatro cargos por extorsión bajo el color de derecho oficial, tres cargos por conspiración para poseer con la intención de distribuir marihuana y tres cargos por llevar y usar un arma de fuego durante y en relación a un crimen de tráfico de drogas. Los acusados ​​Christian Rodríguez-Cruz y Eric Velázquez-Martínez enfrentan un cargo por violaciones a la Ley RICO, cuatro por extorsión bajo el color de derecho oficial, un cargo por conspiración para poseer con la intención de distribuir marihuana y un cargo por portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas.

El acusado Ramón Cotto-Centeno se enfrenta a un cargo por violaciones a la Ley RICO, un cargo por extorsión bajo el color del derecho oficial y un cargo por posesión con la intención de distribuir tramadol, una Sustancia Controlada de la Lista IV. Los Demandados Luis Rivera-Ruiz y Jorge Muñoz Martínez se enfrentan a un cargo por violaciones a la Ley RICO.

“Los cargos de hoy representan una grave violación del juramento tomado por estos oficiales juramentados. Afortunadamente, los acusados ​​representan solo un porcentaje muy pequeño de los valientes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Puerto Rico, que solo sirven para proteger a los ciudadanos de Puerto Rico. De hecho, los continuos esfuerzos del FBI para limpiar la corrupción y las violaciones de los derechos civiles han sido asistidos por la plena cooperación de la dirección del Departamento de Policía de Puerto Rico “, declaró Douglas Leff, agente especial a cargo del FBI en San Juan.

El fiscal federal adjunto José Contreras está a cargo del procesamiento del caso.

Si se les declara culpables, todos los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión federal por las violaciones de la Ley RICO, 20 años por extorsión bajo los derechos oficiales, hasta cinco años por violaciones al narcotráfico y cinco años hasta cadena perpetua por los cargos de armas de fuego.

Noticia: Cyber News

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